El país europeo se suma a muchas otras regiones que exigen que todo software gubernamental sea de código abierto.
Muchos gobiernos en todo el planeta están viendo al software libre como una herramienta extremadamente útil y que otorga muchos beneficios. Desde la disminución en los costos de administración, reducción de la dependencia tecnológica hasta para fomentar la industria local de software.
En adición, un software de código abierto es más fácil de auditar, por lo que el tratamiento de los datos de dicho programa se realiza de una forma más segura, sumando además que el conocimiento generado es público, pues no hay nada que ocultar sobre el uso de uno u otro software.
Suiza entonces se suma a otros países que también han apostado masivamente por esta medida. El más reconocido es Alemania, quien en 2009 destinó 500 millones de euros en proyectos de software libre.
Posteriormente fue Francia en 2012, donde se observó dicha categoría especialmente en los que tratan de imitar a la suite de Office, incluso el presidente Macron anheló por esta medida, diciendo que «Nos encanta el código abierto», distribuyendo el sistema operativo Linux en los equipos de la Gendarmería Nacional Francesa.
En Sudamérica lo vemos reflejado principalmente en Brasil, siendo uno de los pioneros en el mundo en tomar la decisión. También se contempla Argentina y Venezuela, aunque en menor escala.
Otros países, como Estados Unidos, si bien el apoyo al código abierto existe, no es tanto como en Europa, con apenas menos del 20% del software siendo de código abierto, agregando también que no se obliga a utilizarlo en ninguna aplicación del gobierno.
El país helvético promulgó la «Ley federal sobre el uso de medios electrónicos para el cumplimiento de tareas gubernamentales» que fue inicialmente tratada oficialmente a comienzo del 2022 y con registros de proyectos desde el año 2011.
Esta normativa argumenta que el uso del software ‘Open Source‘ implica que el gobierno federal debe descubrir el código fuente de cada programa que desarrollan y/o se implementa para tareas gubernamentales. La única excepción es si algún derecho de terceros lo impide.
Según indica el texto, el objetivo de la ley es mejorar la transparencia, la eficiencia de las operaciones del gobierno y la seguridad ante posibles incidentes.
También permite reducir la dependencia de los proveedores para el sector público, haciendo que las empresas puedan expandir las soluciones comerciales digitales y mejorar los servicios para cada uno de los contribuyentes.
Los mandamientos del código abierto y el software libre (Open Source) indican principalmente que el código debe poder visualizarse y estar abierto a cualquier modificación en beneficio del propio programa. Además, se inculca la libre distribución, la libertad de estudiarlo, la libertad de ejecutarlo y que las licencias no pueden restringir el uso de otro software ni tampoco ser específicas de un producto.